¿SUBCONTRATACIÓN O DISCRIMINACIÓN?
La Fundación SOL, en su carácter de periodismo de investigación, ha afirmado que luego de sus investigaciones, que en Chile hay más de un millón de trabajadores subcontratados, quienes ganan, en promedio, un 12,8% menos que los trabajadores contratados directamente, con una brecha salarial de $72.972 mensuales.
La subcontratación se ha transformado en una herramienta para reducir costos laborales, precarizando las condiciones de trabajo, debilitando la organización sindical y fragmentando la fuerza laboral.
Desde otro punto de vista, se trata de una política, legalmente aprobada por un Sistema que se auto denomina democrático, política, reiteramos que constituyen una verdadera discriminación.
Este sentido de discriminación utilizado en el ámbito de los salarios, es Anticonstitucional, en la propia Constitución pinochetista, lo que se debe tener presente, para observar que se trata de una agresión grave, ofensiva para el espíritu democrático de nuestra institucionalidad. Pero, en la realidad que conocemos no es más que eso: Un acto de discriminación.
Algunos sindicatos han alzado su voz para enfatizar esta grave situación: Como dirigentes del Sindicato Complementos Chile, nos vemos en la obligación de alzar la voz contra una realidad que afecta profundamente a los trabajadores subcontratados en nuestro país. Hoy queremos visibilizar una práctica que, bajo la apariencia de modernidad y eficiencia, no es más que un modelo de explotación legalizada: la subcontratación.
Por otro lado los trabajadores de planes de telefonía, expresan: Un caso que refleja esta injusticia es el de los trabajadores subcontratados por ECR GROUP para la transnacional Claro. Estas personas, principalmente vendedores de planes de telefonía en grandes tiendas y supermercados, enfrentan condiciones laborales inaceptables y abusivas.
Desde septiembre de 2024, Claro, a través de su gerencia comercial, impone metas desproporcionadas que no solo generan presión emocional insostenible, sino que son un juego de doble trampa.
Por contrato, los trabajadores deben vender 30 planes al mes para recibir un bono.
Sin embargo, en la práctica, Claro les exige vender en función de dinero, con metas que ascienden, por ejemplo, a 2 millones de pesos mensuales. Esto equivale a vender cerca de 200 planes y no los 30 que formalmente exige el contrato.
Si los trabajadores no alcanzan esa meta imposible, no solo pierden el bono, sino que no reciben ningún pago por los 30 planes inicialmente estipulados en su contrato.
Es decir, venden bajo presión extrema y aun así no se les reconoce su esfuerzo. Esta práctica viola abiertamente la Ley de Subcontratación, que establece que las metas deben ser pactadas mediante anexos de contrato.
Sin embargo, tanto Claro como ECR GROUP han perfeccionado el arte de incumplir sistemáticamente esta ley, empujando a los trabajadores a una precarización absoluta. Se han denunciado estos abusos ante la Inspección del Trabajo, y las empresas han sido multadas por estas irregularidades. No obstante, las multas son tan bajas que a las empresas simplemente les resulta más barato pagar la multa y reincidir en la falta.
Además, estas empresas apelan y logran que las multas se rebajen aún más, dejando la fiscalización sin fuerza ni efecto real.
Este ciclo vicioso demuestra que la fiscalización no está funcionando y que las leyes actuales son insuficientes para proteger a los trabajadores subcontratados. Dicho asunto se había señalado en la Constitución que fue rechazada.
Las cifras de SOL, en el caso de Claro y ECR GROUP, estas cifras toman rostro: trabajadores obligados a vender el triple de lo estipulado y castigados económicamente si no alcanzan metas imposibles. Mientras tanto, las empresas continúan generando ganancias millonarias a costa del sacrificio de sus trabajadores.
La Ley de Subcontratación debe ser revisada y fortalecida. No podemos seguir permitiendo que estas prácticas abusivas se perpetúen. La fiscalización debe ser más estricta, con multas ejemplares y mecanismos que impidan la reincidencia de las empresas.
Las grandes empresas no pueden seguir evadiendo sus responsabilidades laborales mientras se enriquecen gracias al esfuerzo de sus trabajadores. La dignidad laboral no es negociable.
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