2.- PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. II PARTE. (continuación)
Según CIPER, la empresa LATAM, cuyo inversionista mayoritario es por todos conocidos, también fue sancionada en forma similar. Señala, LATAM también firmó un DPA para para diferir los cargos con el Departamento de Justicia por tres años, consintiendo en: 1) pagar una multa penal, 2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia, 3) robustecer su programa de cumplimiento, y 4) acogerse a un monitoreo corporativo independiente por un plazo de al menos 27 meses. Más aún, la sanción a LATAM tuvo la nefasta distinción de ser la única sanción corporativa por FCPA en 2016 que no tuvo ninguna rebaja al rango de sanciones aplicables, por considerarse que la empresa no tomó acciones disciplinarias en contra del ejecutivo responsable de dicha conducta.
Según El Mostrador, los empresarios no escapan al contagios de la corrupción, dice: La percepción general sobre Chile como un país corrupto es que estamos mejor posicionados que otros de la región, pese a reconocer que en muchas compañías ocurren estos hechos. El 67% de los encuestados dijo que estamos expuestos a este problema y el 60% estimó que está menos dispuesto a aceptar los sobornos.
Instituciones de elevado prestigio en probidad han caído estruendosamente como lo señala Teve13: Cerca de 40 imputados serán llevados a juicio por fraude en Carabineros. La fiscalía busca que se condene al “núcleo central” de la operación que ideó la malversación de, por lo menos, $26 mil millones de pesos. Otros 60 podrían llegar al acuerdo de un procedimiento abreviado.
Las fuerzas armadas de Chile no solo se encuentran cuestionadas por su participación en las investigaciones por torturas y asesinatos durante la dictadura, sino, porque han sido actores de los más grandes fraudes al patrimonio nacional. El Dínamo expone: Negocio redondo de las FF.AA.: los más grandes escándalos de la Ley Reservada del Cobre de los últimos 25 años
El “caso Mirage”, la compra de tanques Leopard, el Milicogate y el patrimonio del general Fuente-Alba son solo algunos de los escándalos financieros y de corrupción derivados de una ley que impide a los chilenos saber en qué gastan su dinero las Fuerzas Armadas. Por El Dínamo 4 de mayo de 2016.
En los últimos 20 años, el Estado chileno ha entregado más de 17 mil millones de dólares al Ejército a ojos cerrados. Esto por la Ley Reservada del Cobre, que obliga a Codelco entregar el 10% del dinero de sus ventas a las Fuerzas Armadas para que compren armamento o construyan instalaciones para guardarlos o repararlos. Esto con un piso de 150 millones de dólares independiente de cómo estén las ventas. El problema es que el cómo se gasta este dinero y cuánto se gasta es información reservada por considerarse estratégica para la defensa del país. Es imposible fiscalizarlo. Tampoco se puede destinar lo que sobra a otros fines como construir hospitales, colegios o reparar caminos. El resultado en los últimos 25 años han sido multimillonarios casos de corrupción y de desviación de fondos en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas.
En fin, no hay colectivo civil o militar que no tenga sus deudas con la ética y moral en su comportamiento.
II.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.
Ello nos lleva a reflexionar que es necesario una política de prevención de la corrupción. En este oriente se nos ocurre que hay medidas que el Estado debe tomar para defenderse de los gobiernos y sus agentes y de las instituciones que tienen por objeto salvaguardar su patrimonio, pues, el patrimonio del estado es de todos los chilenos.
A ojo de buen varón uno de los problemas fundamentales que afectan la administración del Estado, aparece directamente relacionado con el llamado principio de la libertad económica, que fue concebido como el pleno derecho a emprender la actividad económica que el individuo estimara conveniente limitada solo a cuestiones de ética, interés común y seguridad nacional.
Tal principio a su vez se encuentra muy estrechamente relacionado al concepto económico sobre la mano invisible que regula el mercado, en una suerte de aplicación mecánica de los postulados más añejos de las políticas económicas imperantes en el mundo de las naciones civilizadas, desde que son opciones que alguna vez pudieron haber sido aplicables, que en ninguna parte del mundo dieron el resultado que teóricamente se había pensado. De este modo se ha llegado a la libertad absoluta de mercado en un país que no tiene la cultura suficiente para establecer que las ramas de la economía y sus acciones inherentes a la producción y el comercio, además, de la justa utilidad que buscan, conllevan una responsabilidad social para beneficio del país donde se desarrollan y principalmente de su gente, quienes aprovechan las fuentes de trabajo y los bienes y servicios que llevan al mercado.
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