PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. I PARTE.
ESTIMADOS AMIGOS, son cuatro partes. Por favor, seguir el hilo del tema.
1.- ANTECEDENTES.
Chile fue un país que, en el ámbito internacional, según el último Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que en 2014 incluyó a 175 países, Chile se ubicó en el puesto 21, o sea entre los 25 menos corruptos del mundo, con 73 puntos en un arco que va de 0 (la máxima corrupción) a 100 (la máxima probidad). Hoy ha bajado a lo menos cinco puntos.
El informe elaborado por Transparencia Internacional ubica a Chile en el puesto 27, el mismo lugar que el año pasado. A nivel global, lideran Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.
En los últimos tiempos, la opinión pública chilena se ha visto conmocionada por escándalos que involucran a políticos de todos los sectores, ministros y altos funcionarios, instituciones castrenses e uniformadas en general, con razón o sin ella, han sido presa del periodismo de investigación.
Según la prensa internacional (Sputnik Mundo), uno de los fraudes más bullados y de connotación internacional ha sido el fraude tributario del Grupo Penta, que comenzó a investigarse en 2013, consistió en la utilización indebida de boletas falsas de honorarios y facturas para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta.
El caso Penta se extendió a un grupo de empresas y están bajo sospecha varios dirigentes políticos por presuntamente haber recibido de ellas, aportes ilegales para sus campañas políticas.
El período de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fue notorio en casos de corrupción, pero al no existir independencia de poderes no hubo posibilidad de investigación. El más famoso de aquel período fue el conocido como “pinocheques”. En 1989 el dictador emitió tres cheques a favor de su hijo, Augusto Pinochet Hiriart, para la compra por parte del Estado de una empresa que estaba en quiebra por una suma de casi tres millones de dólares.
Ya en democracia, Pinochet fue procesado por evasión fiscal, falsificación de documentos, engaño en declaración de bienes y falsificación de ingresos, a raíz de las millonarias cuentas secretas que mantenía en el exterior, especialmente en el banco Riggs. Extrañamente, no lo fue por asesinatos, desapariciones, torturas.
En 1996 se denunció un fraude al fisco supuestamente cometido en la compra de aulas tecnológicas durante el gobierno del demócrata cristiano Patricio Aylwin (1990-1994), cuando era ministro de Educación el socialista Ricardo Lagos. Según denuncias de dos diputados, el Ministerio de Educación habría pagado más de 4 millones de dólares de sobreprecio para adquirir aulas tecnológicas en un convenio con España.
Además, se detectaron irregularidades en los contratos para el equipamiento educativo, firmados con la empresa estatal española Fomento de Comercio Exterior por un valor aproximado de 13 millones de dólares.
En 2005 se detectaron irregularidades en 70 de los 77 proyectos auditados en forma aleatoria del órgano estatal Chile Deportes. La auditoría desembocó en una acusación de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y uso malicioso de instrumento privado, falsificación de instrumento público y apropiación indebida de dinero, indica la ficha número 102 del registro citado de la Universidad de Chile.
Por este caso fueron procesados varios altos funcionarios de Chile Deportes y de la oficina impositiva. Los montos de las transacciones irregulares fueron de 417 millones de pesos chilenos (más de 745.000 dólares, según el cambio de 2005).
CIPER: En enero de 2016, la Fiscalía formalizó a Raúl Fuentes por fraude reiterado al Fisco en el “Milicogate”. En otra causa, Fuentes está acusado de vender 488 facturas falsas a un empresario, con un perjuicio fiscal de $1.800 millones. Eso no ha cortado el millonario flujo de dineros que hasta hoy recibe Fuentes del Departamento de Transportes de Carabineros por la reparación de vehículos. En medio del fraude que remece a Carabineros, CIPER puso la lupa en los negocios de Fuentes con la institución: desde 2006 y a través de cuatro sociedades, se ha beneficiado con contratos por más de $3.100 millones.
CIPER: Soquimich fue sancionada en EE.UU. por pagos indebidos a políticos en Chile (US$15 millones). El director del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Stanford, Evan Epstein, explica por qué SQM fue castigada allá y analiza la ausencia de las autoridades chilenas en dichos procesos. Para Epstein, este caso y las sanciones a LATAM reflejan la debilidad de nuestro sistema público, en contraposición al estadounidense, con el cual ninguna empresa quiere enfrentarse. Y muestra la exitosa colaboración de Brasil y los beneficios de sumarse a la cooperación internacional en el combate contra la corrupción.
El 13 de enero de 2017 el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos anunciaron sanciones en contra de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) por infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una norma estadounidense que sanciona delitos de cohecho e infracciones contables.
Autoridades estadounidenses determinaron que SQM infringió las disposiciones contables de la ley FCPA, en base a los pagos irregulares por US$15 millones entre los años 2008 a 2015 a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos. La empresa fue multada por un total de US$30 millones y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para diferir los cargos por tres años (acuerdo conocido como Deferred Prosecution Agreement o DPA) mediante el cual SQM consintió en:
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1) pagar la referida multa penal,
2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia,
3) robustecer su programa de cumplimiento, y
4) acogerse a un monitor corporativo independiente por un plazo de dos años, con un tercer año de auto-monitoreo.
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