MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

 

Debo dejar asentado que los antecedentes sobre la corrupción en Chile, que es transversal a las instituciones públicas u privadas, se encuentran en la prensa nacional y extranjera. Al respecto revisar : https://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/prevelex-chile/2018/09/20/prevencion-corrupcion

Es indudable que la mejor práctica anti corrupción tiene que ver con la Educación y los Valores. La ética es la otra cara de la moneda de la corrupción, es su antítesis. Cuando se rescatan y fomentan los valores éticos en los servidores públicos, estos construyen, reconstruyen, fortalecen, motivan, generan integridad y dignidad, lo que se deriva en una conducta libre, orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. Por el contrario, cuando los valores se debilitan o ausentan, los antivalores y las prácticas corruptas aparecen de inmediato.

En este sentido conviene perfeccionar leyes como: Ley de Ética Pública, Códigos Éticos de Gobierno, Oficina de Ética de Gobierno, Agente Ético o Especialista en Ética Pública.

 

Se trata de mejorar el sistema estructural de la sociedad: legislación, normas, instituciones, medios de comunicación, liderazgo político, formación y capacitación de los servidores públicos, etc.

El apoyo por parte de grupos de presión, de actores sociales como partidos políticos, organizaciones civiles, la academia, las empresas y, sobre todo, la ciudadanía, son fundamentales. Siempre y cuando estas se encuentren guiadas por los mismos principios y valores.

Hoy en Chile hay instituciones como  algunas Universidades, no todas por cierto como se ha visto cuyo trabajo está guiado por elevados niveles éticos.

 

Ellos son, precisamente, quienes diseñan y aplican los exámenes, realizan las entrevistas y evalúan a los aspirantes a incorporarse al servicio público son las universidades públicas, no las áreas de recursos humanos de las instituciones. Esta forma de proceder es esencial porque evita las recomendaciones de los superiores y practica la imparcialidad, además de que brinda la oportunidad de participar a una institución de prestigio como es la universidad. No se excluye de ello a las fuerzas armadas cuyos cursos deben estar patrocinados, dirigidos y evaluados por esta universidades en su propio camo, lejos de los cuarteles.

 

 

Ello nos lleva a reflexionar que es necesario una política de prevención de la corrupción. En este oriente se nos ocurre que hay medidas que el Estado debe tomar para defenderse de los gobiernos y sus agentes y de las instituciones que tienen por objeto salvaguardar su patrimonio, pues, el patrimonio del estado es de todos los  chilenos.

A ojo de buen varón uno de los problemas fundamentales que afectan la administración del Estado, aparece directamente relacionado con el llamado principio de la libertad económica, que fue concebido como el pleno derecho a emprender la actividad económica que el individuo estimara conveniente limitada solo a cuestiones de ética, interés común y seguridad nacional. Tal principio a su ves se encuentra muy estrechamente relacionado al concepto económico sobre la mano invisible que regula el mercado, en una suerte de aplicación mecánica de los postulados más añejos de las políticas económicas imperantes en el mundo de las naciones civilizadas, desde que son opciones que alguna vez pudieron haber sido aplicables, que en ninguna parte del mundo dieron el resultado que teóricamente se había pensado. De este modo se ha llegado a la libertad absoluta de mercado en un país que no tiene la cultura suficiente para establecer que las ramas de la economía y sus acciones inherentes a la producción y el comercio, además, de la justa utilidad que buscan, conllevan una responsabilidad social para beneficio del país donde se desarrollan y principalmente de su gente, quienes aprovechan las fuentes de trabajo y los bienes y servicios que llevan al mercado.

 

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Como se dijo, esta economía fundamentalista podría ser útil y beneficiosa en un país que tuviera la cultura empresarial y nacional en sus acciones productivas. Sin embargo, el sistema ideado en plena dictadura y para la dictadura militar, si alguna vez tuvo un propósito de bien común, no pasó mucho tiempo, no alcanzó a madurar no a manifestar los síntomas de la madurez fértil, pues, aun en su nivel parvulario fue y ha sido objeto de las más indecorosas violaciones.

 

En efecto, la libertad social de mercado ha sido devastada en cada ocasión que es posible hacerlo. Así ocurrió con la industria del cerdo; con la del papel, con la de los pollos, con el transporte cada vez que hay un aumento de flujo. No es nuestro tema la denuncia, sino la prevención. Basta un llamado telefónico para que se borre la mano invisible que controla los precios y estos suben en cada caso por acuerdo entre los gerentes, sin que el estado haya podido intervenir a tiempo, atendido que los niveles de fiscalización producto del concepto de libertad y del dejar hacer, han disminuido enormemente, no solo el número de sus funcionarios, sino, también sus facultades.

 

Digámoslo de paso, tales fiscalizadores se encuentran siempre sujetos a la dádiva o a la recompensa para que den vuelta la cabeza frente a los fraudes, ello impulsados por la falta de remuneraciones que les otorguen independencia y solvencia para sus necesidades esenciales.

 

Es evidente que frente a estas circunstancias toda la actividad económica y todas las empresas caen bajo la sospecha de corrupción y fraude, justos y pecadores, se even analizados y motejados de lo mismo, hoy la corrupción en chile es transversal y corre de capitán a paje, especialmente cuando el capitán, es uno de los hombres más rico del país y conocedor directo de las variables económicas, tema útil para las inversiones oportunas y gananciosas.

 

¿QUÉ HACER, ENTONCES? 

 

1.- El problema de la corrupción ha demostrado que el exceso de la libertad en ciertos aspectos económicos no se encuentra de acuerdo a nuestra idiosincrasia, principios de probidad y sentido de bien social, en consecuencia, lo primero que el legislador conciente de este problema debe hacer es limitar la libertad económica y poner como principio fundamental que  el empresario en Chile debe mirar conjuntamente con la viabilidad de su emprendimiento un resultado que vaya en beneficio del colectivo nacional.

 

Con ello se fija un piso esencial que permite otras acciones paliativas accesorias, las que hoy se encuentran limitadas por el exceso de libertad económica, la que como se sabe y se critica cada día, solo ha permitido una extravagante acumulación de riqueza en manos de unos pocos, los que tienen la desfachatez de explicarnos que las inversiones deben buscar su optimización de ganancias en el extranjero. Y que conste, que lo dicen esto son los que juran ser patriotas y nacionalistas.

 

2.- En segundo lugar, derrumbado el muro legal que limita la acción del Estado en el control de la economía y sin entrar a mayores reformas que impliquen un proceso de discusión económica, donde los que más opinan en favor de la libertad económica, son aquellos paniaguados que se encuentran felices en la recepción de algunas prebendas menores. Porque, el caso es que no se  piden favores, sino derechos y uno de estos derechos es que los conceptos de equidad y justicia económica sean la base de una economía que redunde en el bien de todos y no solo de unos pocos.

 

Para lograr lo anterior es necesario que el estado fiscalice.

 

Pero que fiscalice en sentido de aplicar el imperio con que cuenta la ley fiscalizadora. Ello nos lleva a fortalecer los servicios públicos en todos aquellos ámbitos que sean necesarios, verbigracia,  fiscalización de la ley laboral; de las disposiciones de protección del consumidor; de las leyes de medio ambiente; de las normativas que rigen el comercio; especialmente de las normas anti monopolios,  normativas sanitarias: bancarias; impositivas y todas aquellas en que la ciudadanía ha puesto sus ojos críticos, pues, sufre en carne propia los desajustes que las malas prácticas de la economía.

 

3.- En la línea de cumplimiento de las falencias y desatinos antes enunciados, corresponde también que se eliminen por parte del Estado la facultad para personar acciones que impliquen fraude. En este sentido el fraude a privados tenidos como contraparte se encuentran sancionados en virtud de una acción o demanda interpuesta ante los tribunales de justicia. Sin embargo, hay grandes y enormes fraudes en los que el estado se da el lujo, por medio de los agentes y gobiernos de turno, en perdonar sin causa alguna o con causas sospechosamente no acreditadas elevadas penas o multas que a los infractores correspondía aplicar.

 

 

 

Lo anterior no debe ocurrir jamás. En Chile se ha puesto ante los ojos críticos de la ciudadanía no solo a los políticos, sino a instituciones de tanto poder como el mismo Ministerio Público, a los bancos y al retail, quienes muchas veces han sido investigados por cuantiosas sumas, investigaciones que al final se deshacen en el aire como una pompa de jabón.

 

4.- La independencia total y absoluta de las entidades fiscalizadoras, representa un requisito de extrema importancia. Pues, sabemos que son vulnerables a espacios de corrupción. Servicios como el de Impuestos Internos o Tesorería para la efectividad de su cometido deben estar expuestos a un sistema general de investigación como todo servicio público, pero en su origen no puede existir una sombra de dudas sobre influencias extrañas distintas a aquellas que correspondan solo a sus capacidades o experticias profesionales. Este es un intersticio por donde escapan grados de corrupción que se convierten en definitivas en una puerta abierta a las influencias ajenas.

 

El Ministerio Público y el Poder Judicial, son poderes del Estado que no pueden estar sujetos a penetración de influencias en el ejercicio de sus importantes funciones. Entre otros argumentos porque gran parte del prestigio y confianza en los poderes públicos depende de ello. Un servicio judicial débil, permeables a las influencias acarrea un desprestigio en la organización política, sus autoridades y en todo lo que sustenta el sistema superestructural.

 

Se hace necesario departamentos internos de investigación a fin de mantener la probidad dentro de los causes normales y evitar que sucedan  hechos como permitir a otros órganos de Estado poner los ojos en materias ajenas a sus facultades y conocimientos.

 

5.- Las fuerza uniformadas del país hoy tienen una deuda enorme derivada no solo de su reciente  historia sobre atropello a los derechos humanos fundamentales, sino, que la ciudadanía consiente y no comprometida, ha descubierto que en la etapa de gobierno llevada adelante por estas fuerzas y, lo que es peor, dentro de este sistema semi democrático, han utilizado su fuerza, sus poderes legales y fácticos para promover los más graves atentados contra el patrimonio nacional, al punto que si nos encontráramos en países  más adelantados y de mayor probidad habría caído en desgracia y seguramente  habrían sido formalizados un número mayor de autoridades uniformadas, debido a los hechos que se han señalado por la prensa nacional y extranjera.

 

Hoy, urge una reingeniería total y absoluta para romper los cercos de silencio y el amparo mantenido permanentemente repecto a los fraudes que se han organizado, y aquí es mi opinión, por el colectivo completo, que no tiene los anticuerpos suficientes para limpiar las filas de elementos pútridos. Ello implica, entregar los mandos a quienes no solo demuestren un compromiso con el ciudadano chileno, con los derechos fundamentales, sino, que además que comprobadamente mantengan un elevado nivel de probidad.

El fraude llevado a cabo por elementos uniformados, constituyen una especie de fraude al país, y se sabe que, si un uniformado atenta contra su país, niega los juramentos hechos en su vida profesional, en consecuencia comete un hecho significativo de traición a la nación y a su sociedad.

 

 

 

 

 

Mi opinión es que la oficialidad ingrese como todos a las universidades, tenga contacto con las personas, conozca a su propio pueblo y se identifique con la ciudadanía. No es posible que aprendan nacionalidad y soberanía estudiando tortura en la Casa de las Américas, donde solo aprenden a ser subordinados del estado norte americano.

 

 

6.- Indudablemente que los servidores públicos deben llevar una vida ajena a toda vicisitud, libre de necesidades. Ello no quiere decir con lujos, pero, si lo suficiente para un nivel holgado en la correcta administración de de sus remuneraciones.

 

7.- Por otra parte, se sabe que hasta el quinto grado de parentesco colateral hay una implicancia que impide que personas ligadas por líneas de parentesco. Ello implica que es crucial mantener las distancias correspondientes dentro del servicio público.

 

En base a los antecedentes derivados de investigaciones periodísticas de los medios indicados, podemos trazar algunas líneas de cómo prevenir, en parte el flagelo de la corrupción en la administración del Estado.

 

8.- Se impone una política de educación de la mayor calidad en todos los niveles educacionales. Hoy incluso en Chile se confunde la libertad y el cuidado de los educandos con el libertinaje y el drama delincuencias que nace y se forma en el interior de muchos establecimientos. La falta de visión técnica, la eliminación de ramas como la Educación Cívica, la Filosofía y otras de innegables aportes valóricos vcan formando una cadena depresiva y hacia el fondo, en vez de elevar su significación y dignidad.

 

9.- Se dice que cuando los poderes públicos están dañados, especialmente el ejecutivo, es decir, el gobierno y, en consecuencia, la administración pública de un país, se halla infectada de corrupción, conviene acercarse a los otros poderes (Legislativo y Judicial) para luchar contra este mal.

Pero, si a su vez estos poderes también se hallan inmersos en la corrupción, habrá que buscar apoyo en la ciudadanía o en un grupo de gente decente que impulse la creación de un organismo autónomo de fomento de ética y lucha contra la corrupción.

Felizmente en Chile, el Poder Judicial, ha mantenido algunos signos básicos de independencia. No siempre ni en forma absoluta, pero, a ojos del buen observador es un Poder del estado que puede participar activamente en la limpieza ética de la administración publica. Desgraciadamente, hoy el poder investigador de delitos ha dado muestras ante la ciudadanía, reales o fircticios, ciertos o gratuitamente imputados que ha dejado las investigaciones truncas, sin terminar, o9 lo uqe es peor, ha llegado a acuerdos con los formalizados. Ello ha traído como consecuencia que dos de sus mejores perseguyidores han debido renunciar.

 

10.- En el plano empresarial, que ha dejado mucho que desear en constantes expresiones de fraudes tributarios, pro monopólicos, y de concertación con políticos, es necesario, atendido el poder inmenso de estas entidades, fortalecer la economía apoyando el trabajo de la pequeñas y medianas industria y fundamentalmente de las Cooperativas que en algunos casos en Chile han dado excelentes resultados de administración ética y con responsabilidad social.

 

 

11.- Finalmente, es claro que los fraudes e ilícitos contra la sociedad y el bien común merecen un trato diferente al del individuo que sustrae un elemento o bien de menor valor o que invade una casa sin moradores.

El criomen contra la sociedad y contra ekl estado es un crimen mayor, no solo moporque  afecta bienes de todos los nacionales, sino,  porque es capaz de crear un sentimiento generalizado que robar, sustraer, hacer fraude, es parte del actuar nacional, especialmente si la prensa y la TV, resaltan el hecho que a estas personas no se les aplica  penas de crímenes, penas que permitan señalar que el que realiza fraudes contra el Estado o la sociedad no podrá hacerlo nuevamente porque estará largo tiempo en la cárcel.

Las penas en este sentido deben ser inhibitorias. Es decir, dejar en claro que su gravedad permitirá sacar definitivamente a un delincuente que atente contra el Estado o la sociedad de circulación. Para ello, la policía y los investigadores deberán debordar sentido ético social, ético administrativo, ético político y saber que de nio actuar son igualmente autores de los delitos que han dejado de investigar y sancionar.

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